Este es un reportaje que me ha enviado la ONG Proyecto7 de Buenos Aires y que yo, con gusto, cuelgo.

Cruzada contra los pobres

[Limpiar, borrar… puede ser tomado como matar,
al estilo de ‘limpieza étnica’]

Por Hernán Scandizzo, desde Buenos Aires.

A fines de 2008 llegaron a la prensa las agresiones sufridas por indigentes que duermen en las calles y paseos públicos de la capital argentina. El modus operandi era el mismo: por las noches llegaba un grupo de seis o más personas que sin ahorrar violencia verbal ni física instaban ‘a su objetivo’ a abandonar veredas, parques, plazas, puentes. En el caso de cartoneros -gente que recolecta de la basura materiales reciclables- o vendedores ambulantes, tiraban sus carros y mercadería en un camión de recolección de residuos; si se trataba de sin techos, sus frazadas, colchones y otras pocas pertenencias corrían igual suerte. Generalmente vestían ropa oscura, de apariencia militar, y se trasladaban en vehículos sin identificación o con logos del Gobierno de la Ciudad; algunas veces contaban con apoyo de la Policía Federal -dependiente del Estado nacional- y otras no.

Pronto trascendió el nombre oficial: “Unidad de Control del Espacio Público”, más conocida por UCEP, creada en octubre de 2008 por el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri -líder del partido derechista Propuesta Republicana. El objetivo de la repartición es “recuperación” del espacio público “intrusado” por indigentes, una cruzada con antecedentes en la segunda gestión del ex Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra (2003-2006), referente de la centroizquierda vernácula

“Hay 40 plazas de la ciudad que están intrusadas por distintos tipos de familias. Hay desde una o dos personas que son vagabundos, hasta familias completas del interior [otras regiones del país]”, se quejaba a fines de enero el ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, Juan Pablo Piccardo, en declaraciones a la prensa. En tanto el Jefe de Gobierno, puntualizaba: “no puede vivir gente en las plazas. Recuperamos más de 50 espacios públicos”.

Mauricio Macri asumió el 10 de diciembre de 2007, el 21 de febrero de 2008 empleados municipales y efectivos de la Federal desalojaron a 50 familias cartoneras que acopiaban sus materiales en una plaza del exclusivo barrio de Belgrano. Hubo violencia, críticas y claros mensajes de lo que vendría. Al día siguiente, en el portal del diario Clarín -el de mayor circulación del país-, una lectora que firmó como “Lili” dejó su comentario: “El 63 % de la gente que vive acá votó a Macri para esto y otras cosas que ya no queremos más”. Sinceridad brutal.

-Restauradores urbanos

“UCEP es un organismo administrativo dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público que tiene por objeto que el espacio público esté libre de intrusos, tanto  personas, como bienes muebles u obstáculos”, explica el abogado Ricardo Dios, responsable de la Oficina de Seguridad Urbana de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. “El decreto, si bien no habilita a la ilegalidad, está diciendo algunas cosas que son preocupantes como ‘persuadir’ a la población o mantener el espacio público ‘libre de usurpadores’. Esa es una función de un organismo judicial no de un organismo administrativo. ¿Quién califica un acto como ‘usurpación’? Un juez, nadie más”, enfatizó el funcionario. Desde fines de 2008 a la fecha la Defensoría recibió 10 denuncias contra “la patota de Macri”, como llama la oposición a la UCEP.

“Todas las gestiones que pasan son embellecedores de ciudad, no son gobiernos. ‘No solucionamos el problema de que la gente duerma en la calle, pero sí le hacemos las veredas más lindas para que no duerman sobre veredas rotas’”, ironizó Horacio Ávila, de la ONG Gente en situación de calle Proyecto 7. “Es como si en tu casa tuvieras un caño roto, que te llena la pared de humedad, y en vez de arreglar el caño, pintás la pared. Eso hacen todas las gestiones de gobierno que pasan por la ciudad de Buenos Aires”, graficó. “Esto es un mecanismo perverso de desprecio por la gente humilde, que tiene por objetivo hacer una ciudad súper exclusiva para los ojos de los turistas”, añadió Liliana Parada, la legisladora porteña por la fuerza de centroizquierda Igualdad Social. La diputada inició una causa penal contra el Jefe de Gobierno y el ministro Piccardo por ser responsables políticos de los atropellos adjudicados a la UCEP.

Ávila -quien entre 2003 y 2007 vivió en las calles de la ciudad- retomó la metáfora y redondeó el concepto: “Y si vos pintas después tenes que ocuparte que los chicos no te manchen la pared. Ellos embellecen la ciudad, pintan las paredes, ponen florcitas en los parques y plazas, gastan fortunas en plantas que traen de no sé dónde, y después ponen a alguien que se ocupe de que vos no manches esas paredes o no ensucies la ciudad con tu presencia de indigente, de pobre”.

“Haber creado la UCEP es haber legalizado una política de exclusión y expulsión de la pobreza en la ciudad de Buenos Aires con proyección nacional para 2011 [en que se elegirá presidente, cargo al que aspira el alcalde porteño]”, analiza Ávila. “Políticamente están diciendo: ‘Nosotros volvimos, estamos acá y lo que no queremos, lo sacamos. Y si no te queres ir, te damos [golpeamos]. Sencillo. Y si querés protestar, te metemos en cana [preso]’.”

-Blanquear la exclusión

La delegación argentina de la ong Médicos del Mundo (MDM) estimó en su informe Salud en la Calle, publicado en diciembre 2008, que más de 10 mil personas están en situación de calle en Buenos Aires; es decir, gente que vive físicamente en la calle o habita albergues, hoteles o paradores transitorios -con un subsidio habitacional temporal en algunos casos- o son ocupantes precarios de casas. Proyecto 7 sostiene que las personas afectadas son 15 mil.

“Es el Estado penal por sobre el Estado social. No hace falta más que ver la desfuncionalización de servicios públicos de salud y sociales porteños para ver esta avanzada”, denunció MDM. El BAP (Programa Buenos Aires Presente) es una postal de la ineficiencia y precariedad asistencial. Las acciones sobre niñez en situación de calle brillan por su ausencia, salvo algunos esfuerzos voluntaristas de ciertos trabajadores del Estado. Esta paradoja resulta brutal ya que la Ciudad se transforma en un Estado sin ciudadanos”, enfatizó la ong el citado documento.

El BAP, creado para la asistencia inmediata a personas en situación de calle, es conducido por el militar retirado Pablo Gabriel Díaz. Cuando este programa recibe un llamado, responde la veintena de empleados de la UCEP. Según Proyecto 7, en el bienio 2007-2008 murieron 113 personas sin techo. “No vamos a decir que fueron asesinados por el UCEP, pero sí que es por responsabilidad directa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por abandono de persona”, señala Ávila.

-Sutilezas de la persuasión

“La impunidad con la que se manejan es tal que en la [céntrica] Plaza Houssay, frente a la Facultad de Medicina [de la Universidad de Buenos Aires], golpearon a Darío, un compañero de Proyecto 7, y a varios de los que estaban ahí viviendo”, cuenta Ávila, sentado en un bar que huela a frituras, a pocas de la estación Constitución. “Mientras lo golpeaban él les decía: ‘Te están filmando [por el sistema de cámaras de seguridad que hay en el lugar]’. Y los de UCEP le decían: ‘Que filmen, las cámaras son nuestras’. Este ‘son nuestras’ dice el poder que tienen, la impunidad que sienten que tienen. Se identifican como el poder, como el Gobierno de la Ciudad. ‘¿A nosotros quién nos puede tocar?’ Ese es el mensaje”, subraya.

Casi sin pausa, entre los vozarrones de los parroquianos y el ensordecedor sonido de un  televisor, Ávila cuenta ‘otro caso’. “Jorge, ‘El Turco’, estaba en [la esquina] Cevallos e Yrigoyen durmiendo [a pocas cuadras del Parlamento], vino el UCEP y lo levantó a patadas. Cuando él quiso recoger las cosas lo empezaron a golpear. Tiene una herida cortante en al antebrazo.” Hace una pausa y continúa: “En Parque Rivadavia [clásico barrio de la clase media porteña] hicieron un desalojo hace cosa de 3 meses y un chico de 21 años quedó semipléjico por los golpes. Él no quiere darse a conocer, va a distintos comedores, tiene un pánico total de estar en la calle y que lo vuelvan a golpear”.

Ávila sigue enumerando casos que no aparecen en ninguna estadística, da la impresión que podría estar horas haciéndolo. “En Almagro [un barrio de sectores medios y no tanto] a Miguel Uriarte, al Cuba y otros compañeros la UCEP les pidió a media tarde que sacaran sus cosas. Ellos pensaron que no iban a volver y no las sacaron. Volvieron a la 1 de la mañana y bajaron con armas en la mano. Los golpearon y en una camionetita blanca [tipo utilitario] del Gobierno de la Ciudad les cargaron todas las cosas, inclusive los documentos”.

-El tiempo pasado no fue mejor [recuadro]

Los ataques a cartoneros y personas sin techos por dependencias el Gobierno de la Ciudad se remontan a la gestión de Aníbal Ibarra, quien en julio de 2005 creó la unidad de Recuperación del Espacio Público (RECEP). En diciembre de ese año empleados del RECEP fueron denunciados en la Cámara del Crimen (causa Nº 67522/05) por agredir a personas que pernoctaban en el Parque Centenerio. Doce meses después la misma repartición protagonizó un violento operativo contra la coopertativa de cartoneros El Álamo en el barrio de Villa Pueyrredón.

“La misión que tenía era exactamente la misma: intimidar a cartoneros, linyeras, gente que dormía en la calle, vendedores ambulantes”, recuerdó Juan Grabois, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) -que agrupa a cartoneros de municipios lindantes con la Cuidad de Buenos Aires. “A veces podían recurrir a golpes, hubo una persona que falleció en el 2006 producto de una golpiza del RECEP”, apuntó el dirigente. Una muerte que es mencionada por otras fuentes pero que no fue posible verificar.

“Venían con una camioneta Peugeot Partner, a veces con custodia policial, a veces sin, y muchas veces con camiones de basura para llevarse las pertenencias de la gente”, relató Grabois. “Una vez le pegaron a un cartonero nuestro y después ya estábamos preparados para enfrentarlos. Nos juntábamos 50, 60, y le hacíamos mierda los autos. No vinieron más”, alardeó el referente del MTE. “Obviamente atacaban a los grupos que no estaban organizados.”